Este proyecto pretende eliminar las barreras que limitan la capacidad de Cuba para cumplir las obligaciones contraídas con las Convenciones de Río a partir de fortalecer las capacidades en el sector del medio ambiente, fomentar la interconectividad y la coordinación de todos los decisores en la búsqueda de un desarrollo sostenible.
Resultaron elegibles para su implementación las provincias de Matanzas y Pinar del Río por lo que sus resultados serán generalizado al resto del país.
Contó con la participación de importantes actores del sistema ambiental de la provincia y otros instituciones con incidencia a través de cuyas estrategias de desarrollo hasta el 2030 podrán monitorearse los indicadores ambientales de relevancia.
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