La novena sesión ordinaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular evidenció, que la edificación de viviendas y el control de la gestión económica en los organismos globales, continúa como centro de la actividad gubernamental.
En el primer caso, la Comisión de industria y construcción presentó en la reciente reunión de la asamblea la situación de la entrega de subsidios para edificar viviendas de personas perjudicadas por huracanes y otras vías, siempre en casos con limitados recursos financieros.
El detallado informe explica que hasta el pasado 30 de junio, 37 951 personas había solicitado la obtención de subsidio, de las que 19 657 fueron estimadas para llevarlas a los Consejos de la Administración en los once municipios, pero de acuerdo con el monto económico posible se aprobaron 5 977. De estos el 70 por ciento corresponden a quienes perdieron sus casas en eventos meteorológicos.
Es válido aclarar que los 12 890 denegados no reunían los requisitos de prioridad que se establecen en el Decreto 7387.
En los siete años de establecido el sistema, la provincia ha terminado 3 959 acciones en viviendas, de ellas 2 526 deñadas por los huracanes y están en ejecución 1 578, la mayoría por la situación climatológica.
Aunque en todos los territorios se trabaja y es una labor ardua y compleja, los municipios que más han sobresalido hasta el momento son Sandino, La Palma, Los Palacios, Consolación del Sur, Pinar del Río y San Juan y Martínez.
A partir de este año se espera mayor celeridad en los trabajos, porque la aspiración estatal es que en cuatro años quede saldada la deuda y los pinareños hayan alejado esa pesadilla.
El tema de la economía fue vista desde diferentes puntos de vista, el más aglutinador es el estado de cumplimiento del cierre presupuestario del primer semestre, que a pesar de las limitaciones tendrá aspectos positivos, como por ejemplo el superávit de 169,7 millones de pesos, lo que superará en cinco millones lo planificado y 14 millones por encima del año pasado.
En lo negativo está el 1,2 por ciento de incumplimiento en los ingresos cedidos, que equivalen a siete millones de pesos menos para el plan de la provincia.
Lógicamente la asamblea tenía de proyectarse sobre el valiente paso del país, que elevará sustantivamente el salario de centenares de trabajadores, y con ello acompañado de la alerta del nivel central, de que nadie -ni estatal ni privado- puede aumentar los precios de cualquier producto o servicio.
Ernesto Barreto Castillo, presidente de la Asamblea, dijo que los gobiernos municipales son los responsables de actuar contra estas manifestaciones y aseguró que, si los violadores no bajan los precios, necesariamente habría que retirarles la licencia y como conocimiento de causa se citaron los ejemplos relacionados con la subida de precios del pasaje a Viñales de 25 a 50 pesos y del maní de tres a cinco pesos.
Como parte de las medidas se intercambiará con los cuentapropistas para explicarles, persuadirlos y al menos intentar convencerlos, porque el objeto del aumento fue bien explicado por el presidente Miguel Diaz Canel y los ministros a cargo de esa actividad. No obstante, los inspectores y organismos de control deberán ser implacables con los desobedientes y los abusadores.
La población tiene que apoyar, porque el estado no destinará millones de pesos para que pase automáticamente a una minoría que quiera enriquecer sus cuentas bancarias con el esfuerzo de los trabajadores, ya los precio están bastante adulteradas para permitir unos centavos más, porque el aguacate automáticamente en los últimos días ha subido a 20 pesos.
Julio Cesar Rodríguez Pimentel, primer secretario del Partido en la provincia, puntualizo en todos esos procesos, que comienza con el apoyo del pueblo a las medidas económicas y más que eso su fortalecimiento de la economía, la producción y los servicios.
Todo lo anterior se asocia con el ahorro, especialmente los portadores energéticos y en esta época especialmente la electricidad; la elevación de la producción agroalimentaria, el aumento de las exportaciones y la sustitución de importaciones y de manera particular el cumplimiento exacto de la gestión del presupuesto.
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