Funcionarios de la Agricultura presentaron un documento regulatorio sobre los precios de viandas, hortalizas y frutales que expenden los establecimientos estatales.
La intendencia municipal señaló que tales disposiciones por si solas no bajarán los precios. “Se impone situar mayores volúmenes de alimentos en los mercados, organizar la comercialización que no marcha bien y exigir a los productores los cumplimientos de los contratos”, expresó Noemí Sotuyo Ventura, presidenta de la Asamblea y dijo que sería un primer paso para hacer contrapeso razonable a los precios de las tarimas y carretillas privadas hasta ahora con poca comprensión del concepto de oferta y demanda.
Datos aportados por la Oficina de Atención a la Población de la Asamblea Municipal dan cuenta de profundas insatisfacciones de la ciudadanía con esa modalidad, pues en este caso, el consenso general la sitúa en el plano de la especulación y un aumento artificial y poco realista de los precios.
Según entrevistas de calle, “se impone un análisis detallado para determinar con objetividad los precios sumamente elevados del sector privado que, ni siquiera se corresponden con los gravámenes tributarios a los cuentapropistas que ejercen estas y otras actividades”.
Para Alberto, jubilado y vecino de la cabecera municipal, “un carretillero paga 70 pesos de patente y los hace con apenas unas libras de tomate”.
Aunque el asunto no es tan simple, sobre todo, porque los tomates, mayoritariamente pasan por revendedores que encarecen los costos y en las actuales circunstancias quienes en realidad pagan las obligaciones fiscales del trabajador equis, son los ciudadanos con sus salarios.
Es importante, dicen los pobladores “que los organismos impositores se interesen por saber el origen y el destino de las producciones del campo en el territorio, para que terminen en las tarimas estatales y no en función de extorsionar el bolsillo de las gentes”.
“Hay una resolución, creo que la 30- refiere Luis, otro mantuano septuagenario- que regula los precios y establece multas para los violadores, ¿Por qué entonces no se aplica?
En efecto existe la regulación, pero en este 2021- según estadísticas del Consejo de la Administración Municipal CAM- solo se aplicaron en Mantua cuatro multas. Ello evidencia que, falta el rigor que el pueblo demanda con los que desvalorizan sus salarios y pensiones.
El intendente municipal, Yuraimy Piña Moreno confirmó estas afirmaciones. “No podremos hablar de precios asequibles sin antes llevar más producciones a los mercados, ni redimensionar servicios que, en este momento consumen una parte importante de los salarios en el territorio. Pero el pase de mano, la reiteración, las excesivas alertas y la casi total ausencia de multas a los que no respetan, ni a los funcionarios públicos, ni las disposiciones tomadas, ni al pueblo, no contribuyen a la solución; y no es que se deba solucionar todo con una multa, ¡Claro que no! pero hay extremos que no soportan otra conversación, y se conocen”.
Aunque Luis Manuel, joven padre de familia, no estuvo presente para escuchar tan acertado criterio, él está en sintonía total. “Hay quien recibe una alerta, y sigue haciendo lo que le conviene; y se pasa un año de paños tibios y no cambia, no reacciona. ¿Entonces no se ha buscado el peso de la ley? ¡Claro que sí!
“No se resolverá sin el concurso colectivo- concluye la intendente- es preciso sumar a todos los factores con efecto inmediato. La agricultura, la inspección, las organizaciones de masas, los inspectores populares y el pueblo en general, del que somos parte y como tal nos vemos afectados. No es posible que las personas tengamos que vivir una espiral de precios que ya no es ni un 1% proporcionada con lo que ganamos honradamente, y eso lo tenemos que solucionar ya”.
Por si fuera poco, el sector estatal también tiene mucho que revisar en esta historia. Sus precios, según Finanzas en el territorio han de ser revisados con objetividad, sin olvidar el peso del mercado mayorista que les surte y poniendo en primer plano la calidad, que en muchos casos no funciona y no constituye interés de los administradores.
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