Trámites y Servicios

La Ley 113 Del Sistema Tributario en el Libro quinto, el artículo 359, establece los tributos a los cuales están obligados tanto las personas naturales como las jurídicas dedicadas a la actividad agropecuaria que se han venido aplicando paulatinamente y siempre con una carga tributaria menos gravosa que el resto de los sectores.

La Ley 125 del Presupuesto del Estado para el año 2018, pone en vigor dos nuevos tributos para el sector agropecuario: el Impuesto por la ociosidad de tierras agrícolas y forestales y la presentación de Declaración jurada del impuesto sobre los ingresos personales para los productores agropecuarios individuales del sector no cañero.

La Ley 113 del Sistema Tributario cubano establece estos 2 tributos, ya sean sobre las ventas realizadas o sobre los servicios prestados, o ambos según sea la actividad que se realice, estos tributos consisten en un pago mensual del cual son sujetas tanto las personas naturales como las jurídicas.

Dos Decretos Leyes y cuatro Resoluciones, ofrecen nuevas garantías a la maternidad para las madres trabajadoras vinculadas al sector no estatal, las que entre otras cosas, podrán disponer de beneficios relacionados con la forma de tributación, según lo regulado en la Resolución 26 del 2017 del Ministerio de Finanzas y Precios.

Esta norma ofrece una bonificación en el pago de las cuotas mensuales a cuenta del Impuesto sobre los ingresos personales a las trabajadoras por cuenta propia que tengan dos o más hijos menores de diecisiete años, consistente en la reducción en un 50 por ciento de las referidas cuotas. Para el otorgamiento de dicho beneficio se tendrán en cuenta los ingresos económicos del núcleo familiar sobre la base de procedimientos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta bonificación se aplica en relación con la cuota mínima o incrementada, con carácter general o individual, para la actividad que ejerza la trabajadora.

El Impuesto sobre documentos es quizás el tributo más general que tenemos en nuestra legislación, y uno de los más antiguos en el ordenamiento jurídico cubano. De hecho, está presente en la práctica cubana mucho antes de las leyes tributarias que ampliaron y reformaron el sistema fiscal a partir del año 1994.

Este es uno de los impuestos que todas las personas debemos abonar en algún momento de nuestras vidas cuando nos piden que compremos uno o varios sellos del timbre para realizar cualquier trámite. Este tributo, que a veces no identificamos como tal por su forma tan peculiar de hacerse efectivo —además de que los sellos del timbre los compramos en los correos o en el banco en algunos casos—, grava todos los documentos públicos relativos a certificaciones, trámites y licencias que establecen las autoridades competentes de los organismos del Estado, los cuales suman más de 300 de acuerdo con la legislación vigente.

La cuantía del impuesto sobre documentos, o sea, la cantidad y valor de los sellos a utilizar, depende tanto de la complejidad del documento que queremos oficializar como su frecuencia. Un buen ejemplo es el carné de identidad, que todo ciudadano debe portar, y para emitirlo es preciso llevar a las oficinas de registro los correspondientes sellos del timbre.