Este proyecto pretende eliminar las barreras que limitan la capacidad de Cuba para cumplir las obligaciones contraídas con las Convenciones de Río a partir de fortalecer las capacidades en el sector del medio ambiente, fomentar la interconectividad y la coordinación de todos los decisores en la búsqueda de un desarrollo sostenible.

Resultaron elegibles para su implementación las provincias de Matanzas y Pinar del Río por lo que sus resultados serán generalizado al resto del país.

Contó con la participación de importantes actores del sistema ambiental de la provincia y otros instituciones con incidencia a través de cuyas estrategias de desarrollo hasta el 2030 podrán monitorearse los indicadores ambientales de relevancia.