A partir del primero de octubre y hasta el 30 de noviembre la provincia enfrentará el amplio proceso masivo de rendición de cuenta de los delegados a sus electores, en un momento crucial por las condiciones internas del país, motivadas en parte por circunstancias financieras, económicas y políticas foráneas.

La rendición de cuenta es ampliamente conocida por los electores, por ser una de las vías de reclamación, información o sugerencias para hallar soluciones a problemas de diferente magnitud, incluso con respuesta del concurso con la masa.

Inicialmente cada consejo popular hará una reunión y luego se hará extensiva a todas sus circunscripciones, que deben contar en cada una de ella con la presencia de cuadros de la administración al nivel que se considere y con jóvenes preuniversitarios y universitarios que cumplen con la función de observadores.

Es común en este proceso discutir los problemas a nivel de barrio, pero también se tienen en cuenta todos los criterios de los electores sobre algunos que rebasan el nivel de su entorno.

En los últimos tiempos, aparte de los planteamientos de tipo económico, se han sumado los relacionados con las indisciplinas sociales, los malos hábitos poblacionales y las ilegalidades a nivel del área.

La agresiva guerra económica crea situaciones especiales y que seguro plantearán los ciudadanos, porque afectan sus servicios y el comercio, e incluso, ahora se enfrentan a un nuevo elemento suscitado por los precios a partir de un mejoramiento del salario en el sector presupuestado.

Pero no solo se discutirán problemas negativos, también en las reuniones existirá la posibilidad de reconocer actitudes y méritos relevantes de los vecinos y electores.

La provincia es celosa en cuanto a la recepción de los planteamientos y cuenta con un sistema de control para que no exista ninguna respuesta olvidada, aunque eso no significa que todo tenga solución. 

Los planteamientos se distinguen en los que son de atención a nivel local, municipal, provincial o nacional; los que dependan de financiamiento, inversiones o proyectos son estudiados y remitidos al nivel correspondiente, para enmarcarlo en el plan de la economía y es probable que algunos no sean posibles de tener una solución a corto o mediano plazo, pero sí hay obligación de darle respuesta al elector.