El Órgano de Administración Provincial examinó la marcha del proceso de implementación en el territorio de la Resolución 54/18 del Comercio Interior sobre los sistemas de protección al consumidor en la prestación de los servicios.

El referido documento jurídico, de obligatorio cumplimiento para todas las entidades implicadas, constituye un conjunto de disposiciones interrelacionadas, en tanto sistema, que sustenta los derechos de los consumidores, deberes de estos, obligaciones de los proveedores de los productos y servicios y la atención institucional.
También se relaciona con los tiempos de garantía, acciones de compensación ante quejas y reclamaciones por insatisfacciones con productos y servicios.
No se incluyen los equipos electrónicos, los electrodomésticos, accesorios y enseres menores, que se rigen por la Resolución 11/08 también del Ministerio de Comercio Interior (Mincin).
Durante la cita, presidida por Regla María Ferrer Domínguez, vicepresidenta del Órgano de la Administración Provincial, se examinó, además, lo concerniente a la normalización, la calidad y la inocuidad de los alimentos y las medidas que se adoptan, en diferentes escenarios, para asegurar mayores resultados en calidad y eficiencia, tanto en el sector estatal como por quienes ofrecen tales servicios por cuenta propia y cooperativas no agropecuarias.
Asimismo se presentó un balance de la situación del agua, posibilidades y perspectivas de las diferentes fuentes, superficiales y subterráneas, así como el comportamiento de las precipitaciones en lo que va de año, el estado actual de presas, ríos y otros acuíferos, acompañado por el llamado a su uso racional y ahorro por los consumidores agrícolas e industriales, de los diversas modalidades de los servicios y de toda la población.
Invitado al cónclave, Félix Hernández Martínez, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Consolación del Sur, rindió un informe acerca de la gestión del Consejo de la Administración a ese nivel, en el que da cumplimiento a los objetivos de trabajo indicado por el Parlamento Nacional para el perfeccionamiento de los órganos del Estado y Gobierno en el pais.